En España, desde el ascenso al poder de ZP, hemos vivido el auge del igualitarismo social enfocado a la igualdad de oportunidades independientemente del sexo y a conseguir que los puestos directivos tengan una distribución equilibrada entre hombres y mujeres. Fruto de ello ha sido la Ley de Igualdad aprobada hace unos años.
Quiero creer, aunque no me dan motivos para ello, que nuestros políticos se preocupan por resolver todos aquellos problemas que acucian a sus ciudadanos y que, ante el clamor popular, legislan con leyes como la citada.
Sin embargo, cuando los estudiosos de la sociedad (me refiero al CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas) dicen que*:
«la posibilidad de que un hijo de trabajadores alcance un puesto directivo en España es muy baja; tres de cada cuatro están ocupados por hijos de la élite»
entiendo que el problema para el que nos legisló el gobierno es de la desigualdad entre sexos de la misma clase social.
Además, según ese estudio, dicha proporción se mantiene desde hace 45 años (desde 1965); es decir, durante todo el periodo democrático, y, con un grandísimo auge económico, la distribución social no se ha modificado, por lo que se puede decir que somos una sociedad estancada y no igualitaria.
¿Por qué? Pues no lo sé, pero la OCDE puede darnos una pista:
«las políticas educativas tienen una contribución crucial a la hora de explicar las diferencias. Si los estudiantes de bajos ingresos reciben una mala calidad de educación, solamente se refuerza la reproducción intergeneracional de las desigualdades.
En España tendemos, desde hace años, a una escuela segmentada: privada y concertada versus pública. Pienso que este modelo profundizará las desigualdades y complicará, todavía más, la movilidad social ascendente. En vez de apostar por mejorar la educación pública (y universal) con recursos y políticas de estado que no dependan del político de turno, creamos leyes (en España se hacen muchas leyes aunque otra cosa es su cumplimiento) para hacer lo que a otros (Dinamarca, Noruega, Australia o Canadá) parece que les ha funcionado con la Educación.
Creo, además, que para mejorar la educación pública y, en general, para facilitar el movimiento social y aumentar la igualdad, también se debe profundizar en las políticas redistributivas; según datos del OCDE de 2007, el total de los impuestos sobre el PIB es del 48,9% en Dinamarca y del 20,5% en México. En España es del 37,2%. Como escribe el periodista de El País: «La cuestión es si queremos ser daneses o mexicanos», y parece que nuestra ministra de economía ya ha elegido.
Nota:
*La conclusión la he encontrado en este blog aunque no he podido leer el estudio ya que no está libre.
Mundo errante 